La fiscal general, en guerra con el gobierno — Venezuela

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Entonces todo parecía bien en el orden de cosas chavista. Considera que la parcialidad de esos jueces ha acelerado la severa crisis del país.

A juicio de Carreño "ella perdió la autoridad moral, y se convirtió en una vocera de la derecha al servicio del terrorismo", por lo que "se hace necesario hacer una revisión exhaustiva de esa anómala conducta, de esa aviesa conducta en el animo de preservar un bien superior, cuál es el bien superior: la paz de la república", señaló. "Sería la muerte del Derecho si siguen en la Sala", afirmó.

La fiscal comenzó a distanciarse del gobierno a finales de marzo pasado, cuando sorpresivamente denunció que una decisión con la que el TSJ asumía las funciones del Legislativo -de mayoría opositora- era una "ruptura del orden constitucional". "Prácticamente se disolvía la Asamblea Nacional", explicó. Su declaración y la fuerte crítica internacional hicieron que el TSJ diera marcha atrás en esas decisiones, pero quedó encendida la chispa de las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro que desde el 1 de abril dejan 67 muertos.

No se puede "desmantelar el Estado, conspirar para cambiar la forma republicana establecida en esta Constitución, solamente por caprichos", recalcó.

La corte ha anulado todas las decisiones del Parlamento, al declararlo en desacato desde el inicio de la legislatura al mando de la oposición.

Ortega Díaz también cuestionó el fallo del Supremo a favor de la Constituyente que impulsa el chavismo, y sostuvo que atenta contra la soberanía del pueblo, al no convocar a referendo para avalar o rechazar la asamblea, tal como manda la propia Constitución.

El diputado Pedro Carreño, jefe de la fracción oficialista que levantó la mano en señal de aprobación cuando aún no se había terminado de pronunciar el nombre completo de Luisa Marvelina Ortega Díaz, asegura ahora que la jurista sufre de "insania mental", y adelantó que pedirá una junta médica al Supremo para evaluar qué tipo de locura padece.

El Supremo admite ahora además una demanda de los propietarios y pide una bitácora completa de los vuelos de la aeronave que supuestamente ha sido usada por Ortega Díaz, y su marido, Germán Ferrer, un antiguo diputado chavista que ha respaldado abiertamente a la fiscal en esta ruta.

Por su parte, el titular de la Defensoría del Pueblo, Tarek William Saab, solicitó al máximo tribunal que aclare las competencias del organismo que él dirige para participar en las investigaciones de la Fiscalía, por casos de supuestas violaciones de derechos humanos.

Altos funcionarios del gobierno han dicho que, una vez elegida el 30 de julio, la Constituyente será un "suprapoder" y que entre sus primeras tareas estará destituir a la fiscal.

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